POLÍTICA DE ESTADO: LA REPRESIÓN AL PUEBLO MEXICANO.

A nivel nacional, la política de militarización del gobierno usurpador disfrazada de un combate o guerra contra el narcotráfico, se ha visto desenmascarada ya concretamente como una política de uso del poder y abuso en contra de la libertad de manifestación, expresión, crítica y pensamiento. Esto dado, que el llamado aparato de fuerza pública y militar para erradicar o luchar contra la delincuencia organizada en México, lejos de convertirse en realidad, recae en primer lugar en abuso de derechos humanos por parte del Ejército a la población como: la violación sexual y el homicidio injustificados a la indígena nahua Ernestina Ascensión Rosario en la Sierra de Zongolica del Estado de Veracruz, el asesinato de una familia en un retén militar en Sinaloa, el caso de militares que en el estado de Michoacán allanaron casas sin orden judicial, con la justificación de buscar a narcotraficantes, los soldados golpearon y torturaron y violaron a varias personas, de las cuales cuatro eran mujeres probablemente menores de edad, en el mismo Estado, soldados detuvieron a varias personas para trasladarlas a un cuartel en donde se les torturó, y por último uno más de los incontestables quebrantamientos a la población es la que practica el mismo aparato represor sobre los inmigrantes centroamericanos, en forma de agresiones físicas y violaciones sexuales. He aquí pues una serie de flagrantes violaciones a las garantías constitucionales de los mexicanos, que siguen calando en la vida nacional, por un sistema que sólo persigue y aniquila. Se tortura, se detiene ilegalmente, se fabrican cargos, se desaparece a personas, es decir violando totalmente las garantías individuales de los mexicanos y continuando a otro nivel la guerra sucia. La represión estatal es la política oficial en medio de la farsa de democracia inexistente en lo formal y en su práctica real

Y en segundo lugar esta política de estado deviene realmente en el fortalecimiento de los grupos narcotraficantes que operan en México. Lo cual nos lleva a aseverar que la pseudolucha contra el narco, en la generalidad ha servido para seguir fortaleciendo a los grandes cárteles, pues gran cantidad de soldados de tropa del Ejército Mexicano han desertado en los dos último años para ponerse al servicio de los cárteles del Golfo, Sinaloa y Tijuana, reintegrándose así con mayor preparación al negocio del narco, la cual ha sido financiada con una gran inversión del gobierno ilegítimo con recursos nacionales y extranjeros en materia de seguridad pública (como los que EU destinó a México para atacar a los Narcotraficantes con el Plan Mérida y el Plan Colombia) aterrizados en mayor capacitación, armamento y formación integral de la fuerza pública mexicana, los cuales han estado y siguen estando fundamentalmente al servicio de un único objetivo: el de mantener un aparato de Fuerza a favor del Estado y para ser utilizado en el momento en que los movimientos y organizaciones sociales atenten contra los intereses de los que detentan el poder económico y político, sobre todo cuando este último es representado por un presidente ilegítimo que para mantener la credibilidad y el orden social le es necesaria la militarización del país como política de estado.

Históricamente el objetivo mencionado ha sido en esencia lo que el estado mexicano ha buscado obtener del ejercicio del cuerpo militar y judicial, tal como lo demuestran los hechos de represión durante la llamada guerra sucia en la década de los setentas, en la cual cualquier tipo de manifestación contraria, o formas de lucha en contra de los gobiernos en turno fue acallada mediante el ejercicio de la violencia física, operados por supuesto por el mismísimo ejército mexicano, cuya forma de operar fue y sigue siendo la de la desaparición de personas, tortura, encarcelamiento de gente con cargos penales inventados y por supuesto el dar muerte a personas específicas que representaban o representan un peligro para la estabilidad del estado que defiende los intereses de la clase burguesa; es decir el de la explotación, apropiación y marginación sobre la clase no poseedora de medios de producción, para incrementar la acumulación y el enriquecimiento de aquélla.

Un ejemplo clave durante el periodo mencionado es el de un campesino indígena de la costa chica del Estado de Guerrero de nombre José Radilla Pacheco desaparecido por el ejército en 1974 por haber demostrado simpatía con el extinto guerrillero Lucio Cabañas, dicho campesino hasta la fecha sigue sin aparecer, aún cuando la OEA esté insistiendo al gobierno espurio, se aclare dicha desaparición y dé con el paradero del guerrerense, sin embargo, Calderón muestra respuesta negativa ante tal exigencia, por razones obvias como las de encubrimiento de poder y obtención de beneficios a partir del ejercicio de prácticas fascistas. De este hecho cabe mencionar que durante la imposición de este gobierno, nunca antes el estado mexicano había recibido mayor número de recomendaciones por instancias internacionales de derechos humanos -como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la OEA- a causa de pruebas de transgresión a la vida y a las libertades de los ciudadanos. Estas violaciones a las libertades humanas son lógicas de existir en una situación autoritaria y represiva como la que vive México, la cual resulta ser comprobable en un ambiente en donde gran parte de la población vive no sólo con el descontento de la miseria económica sino además con la carga de ser gobernada por alguien que carece de credibilidad política y que busca en su sexenio no el beneficio social sino los beneficios individuales (veáse Reforma a la Ley del ISSSTE, Reforma Electoral, Reforma Fiscal y la pretendida Reforma Energética).

Otros ejemplos más reciente de la intervención de las fuerzas armadas y distintas policías militarizadas en el desmantelamiento de descontento social, han sido su entrada extra legal en acontecimientos ocurridos en la siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, en Michoacán, a los mineros de Sicartsa, San Salvador Atenco, Estado de México y Oaxaca, todos en 2006, movimientos sociales en defensa de los derechos populares, cuyas luchas atentaron contra el orden social y económico del sistema capitalista

Es por ello pues por lo que se hace necesario reforzar las medidas de protección de intereses aún cuando ello conlleve a prácticas violentas que atropellan la integridad del ser humano, como lo son la tortura, violación a la privacía, persecución y encarcelamiento; es decir el Estado comete este tipo de vejaciones contra los mismos ciudadanos que dice representar, sólo que actualmente ya no necesita de excusarse o evadir acusaciones de represión en todo el territorio nacional, pues a la par de una política de militarización del país, se aprobó estratégicamente la Reforma Judicial, aprobada incluso cuando rebasa los estándares internacionales sobre violación de derechos humanos, pues es una reforma que vuelve constitucional y legal la trasgresión de derechos humanos, al permitir que en México sea legal la tortura, el arraigo a domicilio sin orden judicial, la desaparición e incomunicación de los detenidos por 80 días, sin que ello amerite delito para los mismos integrantes del poder judicial. Esto es un ejemplo de lo que en apariencia se nos presenta como modificaciones para contribuir con la “erradicación” del narcotráfico en México, aunque en esencia como podemos ver no es más que una medida legal para poder disponer de nuestra integridad física, si es que alguno de nosotros representa alguna amenaza de crítica o movilización social en contra del estado; pues el llamado combate al narco no se realiza precisamente con más violencia ni con reformas que vayan en contra de la misma sociedad; sino otro tipo de medidas, como podría ser la legalización de la droga, cosa imposible de hacer por un gobierno que protege y forma parte del negocio ilegal - véase el caso de García Luna titular de la Secretaría de Seguridad Pública, involucrado en acciones de encubrimiento al cártel de Sinaloa-, lo cual nos lleva a preguntarnos si contra lo que se dice que se lucha ¿no será en verdad una guerra entre los mismos cárteles? Sólo que unos están resguardados por el mismo aparato militar y el judicial, y otros que no lo están, o al menos se desconoce de su protección. Cuestionémonos si esa pseudo guerra anti droga, no es sólo el velo y la excusa para seguir fortaleciendo al estado de medidas fascistas en contra de la misma población. Es decir la opresión a sus propias libertades y derechos constitucionales como el impulsar la censura a la libertad de expresión por medio de modificaciones a esta garantía individual, por ejemplo en la reforma a la Ley sobre delitos de imprenta, para derogar los artículos 1 y 31 de ésta que establecía sanciones a los ataques a la vida privada, dejándose intacta el resto de la Ley, como el considerar delitos a aquellas expresiones que ofendan públicamente a la decencia o “buenas costumbres”, ataques al orden o a la paz pública, expresiones que desprestigien a los instituciones fundamentales del país o en manifestaciones en las que se “injurie a las autoridades del país con el objeto de atraer a ellas odio, desprecio o ridículo y el ataque al orden”, toda publicación prohibida por la ley o autoridad por causa del interés público o hecha antes de que la ley permita darla a conocer al público (lo cual viola el artículo 6º constitucional). Lo que representa que ahora la manifestación de las ideas puede ser penalizada pues lo estipula la Ley; o sea que ahora con esta política de represión, se asesta un duro golpe a la libre expresión, el gobierno espurio desea vernos a todos sin el más mínimo aire de crítica y mucho menos de cuestionamiento y exigencia de derechos, y si alguno de nosotros se atreviese, el estado tiene preparada una serie de armas legales que lo convierten a uno en criminal o agente violento, que atenta no contra los intereses nacionales o la estabilidad política y económica de México, sino contra el mismo gobierno y seguramente los de la clase que representa. Por lo tanto he aquí una prueba más de cómo se reprime y se infringen legalmente nuestros derechos, no sólo con el uso de la fuerza, sino a través de la vía “constitucional”. Así mismo otros medios implementados con el fin de criminalizar la libertad de expresión, es el caso concreto de la iniciativa aprobada por unanimidad en el congreso chiapaneco, propuesta por el gobernador de esta entidad, Juan Sabines: El delito de “incitación a la violencia” con una pena mínima de 3 meses a 3 años en cárcel y pago de multa. Es así como en este Estado el derecho de manifestación o la denuncia pública a cualquier autoridad y el reclamo de derechos es un delito, ya que según esta reforma, la expresión verbal, escrita, gráfica, electrónica, etc., se convierten en apología de la violencia y por ende debe ser castigada como se mencionó anteriormente.

Este tipo de delitos en contra de la población se realizan constantemente a escala nacional, pues por ejemplo, vemos cómo en los hechos la libertad de expresar cualquier postura crítica y plural es censurada mediante cualquier forma de represión, tal es el caso de la periodista Carmen Aristegui, para quien la represión a las ideas se da mediante un amarre de intereses económicos entre Televisa, Grupo PRISSA y el gobierno de FECAL, a quienes en conjunto no conviene la existencia de una línea de información plural y distinta a la que ellos pregonan con su prensa de alabanza y engaño. Este tipo de hechos ocurren en este país, porque es precisamente al gobierno y a la clase empresarial de mayor concentración de riqueza y capital, a los que más interesa que se lleven a cabo este tipo de prácticas nulamente democráticas y respetuosas de las libertades humanas, excesivamente corruptas y fascistas para que nadie ose de cuestionar o ser opositor de lo que por muchos años han saqueado al pueblo mexicano

Pero aún con las medidas fascistas unas veces expuesta, muchas otras oculta, y muy a su pesar de la burguesía y su estado, en el territorio mexicano han existido, sobre todo desde finales de la década de los sesentas hasta hoy día formas de lucha social por mejores condiciones de vida, algunas son y han sido los movimientos guerrilleros del EPR, ERPI o el EZLN, a los cuales también el ejército ha reprimido mediante la desaparición vigente de sus militantes o dirigentes. Pero no sólo en México existen luchas políticas de movimientos armados, éstos existen también en América Latina como el caso de las FARC en Colombia, las cuales también han sido objeto de represión mediante sus presos políticos, así también por medio de las acciones del estado colombiano para descalificar y tergiversar la información de lo que es la guerrilla colombiana, haciéndola aparecer en los medios internacionales y nacionales de dicho país como movimiento terrorista y narcotraficante, con el objetivo de sembrar terror y en algunos casos repudio a las FARC al menos a nivel continente. Un ejemplo de los actos terroristas del gobierno colombiano en contra de la guerrilla, es el caso del crimen ocurrido el primero de marzo en un campamento de esta guerrilla, por órdenes de Álvaro Uribe –Presidente colombiano-en donde murieron 4 estudiantes de la UNAM, los cuales eran simpatizantes de la guerrilla más importante de Colombia, mas no eran guerrilleros, ya que únicamente se encontraban en dicho campamento por motivos de conocimiento sobre la propuesta de paz de la guerrilla, y no como lo ha afirmado la prensa manipulada en México, no respetando así las formas de pensamiento distinto al pro capitalista. Dichos hechos sólo coadyuvan a generar un ambiente recargado de represión no sólo ya del propio estado con su ejército y sus leyes, sino a través de los mismos medios de comunicación, pues ahora resulta que por simpatizar e interesarse en conocer o investigar formas de lucha anticapitalista en el mundo, estos estudiantes son guerrilleros o más bien, al modo de Álvaro Uribe y de Bush son terroristas. Ante tales hechos Calderón no ha mostrado más que su tradicional actitud de subordinación, pues el hecho de salir en defensa de los mexicanos que están en contra de las políticas imperialistas de E.U, lo convierte en opositor, en desobediente de la postura ideológica que comparten Bush y su fiel presidente colombiano acerca de luchas contrarias a la hegemonía estadounidense y en general al sistema capitalista. Más bien lo que ha hecho el gobierno mexicano -más allá de la defensa del rector de la UNAM- es permitir que la misma prensa oficial denigre a estudiantes que pensaban diferente, convirtiéndolos públicamente en lo peor que puede uno ser y hacer.

La intolerancia y la política fascista del Estado mexicano, no puede estar aislado de casos concretos existentes dentro del mismo territorio nacional, es decir que lo planteado anteriormente pareciera estar muy alejado de nosotros los estudiantes, pero sucede que en nuestra propia universidad, en la universidad de “la excelencia y la democracia”, los actos de represión no se hacen esperar y se presentan mediante la descalificación, el hostigamiento verbal y físico, así como prácticas de espionaje a la organización de los estudiantes, las cuales han sido encabezadas por Enrique Agüera quien no conforme con el aparato de represión física como lo son los porros que anidan en toda C.U (como los SISU, pseudoestudiantes, reporteros) para eliminar todo tipo de cuestionamiento o critica estudiantil , éste también tiene también comprada a la prensa local (C.U y Estado) para descalificar al movimiento estudiantil, acusando a los mismos estudiantes de porros y desestabilizadores políticos de la Universidad, sólo por el hecho de manifestar desacuerdo ante el proceso de privatización que vive la BUAP, y que lidera gustosamente Enrique Agüera.

Es así pues como la política de Estado, política de militarización del país enfocada a condenar y reprimir a la organización ciudadana, así como las mismas modificaciones que se hacen a la ley, coadyuvan a generar un clima de inseguridad social, sobre todo en el caso del libre ejercicio de nuestras garantías individuales, las cuales se transgreden día a día no sólo por la violencia física, sino por la constitucionalidad y legalidad que adquiere la represión en México, gracias a que el mismo estado protagoniza y refuerza la misma represión nacional en todas sus manifestaciones, es por ello que la realidad que enfrenta la Universidad, es similar a la situación nacional, pues Agüera como buen sirviente del goberprecioso y de calderón, sigue al pie de la letra la misma política aplicada desde Los Pinos, desplegando una política de fascistización hacia aquellos estudiantes que cuestionen las prácticas antidemocráticas y corruptas que aluden al enriquecimiento ilícito de dicho rector, y por lo tanto, de aquí le surge a éste la imperiosa necesidad de tener instalado en la universidad un aparato de represión estudiantil, que no permita que los afectes sagrados de rectoría se vean truncados o lacerados, o sea tal como lo hace el mismo espurio.

Así es como dado el contexto nacional que rige la vida de los mexicanos, a nosotros como estudiantes de una universidad pública, no sólo nos toca enterarnos de lo que sucede en nuestro país con las prácticas represoras del gobierno panista, sino tomar una posición política al respecto y defenderla, haciendo énfasis en la protección a nuestro derecho a la libertad de expresión y asociación, sin temor a la misma represión de rectoría de por sí existente, y necesaria de ser denunciada por la organización de los estudiantes.