El estado capitalista es, en su esencia, el órgano de represión de la clase burguesa hacia el proletariado. Dicho estado está conformado por una amplia gama de instituciones que en su conjunto, coadyuvan y permiten que las relaciones de explotación capital – trabajo asalariado puedan reproducirse y profundizarse. Dicho estado basa su dominio en primera instancia a través de la violencia, por eso necesita disponer de un ejército, de la policía, de las cárceles, etc., aun cuando dicha violencia aparece más o menos velada en los regímenes capitalistas que se autodenominan democráticos. O sea que para ejercer su dominación también la necesitan legitimar, necesitan crear una ficción a través de la cual se “oculte” la explotación y la dominación violenta de la burguesía al proletariado, argumentando que dicho estado en realidad es un pacto social, que es la reunión libre y voluntaria de los individuos de una nación para crear un estado de derecho en el cual se desarrolle la vida pacífica y armoniosamente, negando con ello la inminente lucha de clases.
En este sentido, la así llamada democracia representativa, que es el régimen político en el cual se desarrollan las relaciones capitalistas en nuestro país, necesita hacer creíbles las elecciones de los que ocuparán los puestos gubernamentales. Ese es el fondo de la necesidad de llevar a cabo la reciente reforma electoral ya que en las pasadas elecciones de 2006 prácticamente quedó cancelada la vía electoral para muchos de los que a través de su voto buscaron una opción distinta al neoliberalismo, es decir, que votaron por López Obrador como opción para la transformación de nuestro país.
Lo que pasó en 2006 es que la derecha enquistada en el poder -PRIAN- impuso a su pelele FECAL en la silla presidencial contraviniendo la voluntad popular que votó por una opción distinta de gobierno, con lo que se evidenció completamente que la derecha del país no permitirá que sean trastocados sus negocios y privilegios. Por eso fue necesaria la reforma electoral, para devolverle la credibilidad al proceso electoral en México.
Así, el hecho que a primera vista parece contradictorio de que las tres fuerzas políticas más importantes PRD, PRI, y PAN hayan votado a favor de esta reforma se esclarece, y la respuesta a la pregunta del ¿por qué el PAN votó contra los medios que impusieron a su pelele en la presidencia? que en primera instancia sí es que al PAN no le quedó de otra porque juntos PRD y PRI hacían mayoría y habían definido votar a favor de la reforma por lo que si el PAN votaba en contra quedaría totalmente evidenciado, más de fondo demuestra la misma necesidad de darle legitimidad al proceso electoral.
Dicha reforma que recientemente fue aprobada por la cámara de senadores y que ahora necesita de la ratificación del 50% de las cámaras de diputados locales del país para que efectivamente entre en vigor, trata fundamentalmente de los siguientes puntos:
En primer lugar la prohibición de la compra de propaganda por parte de los partidos políticos o de terceros en tiempos electorales, con lo que se acota la injerencia de los medios de comunicación electrónicos en dichos procesos. El tiempo en radio y televisión que los partidos podrán utilizar para difundir su propaganda, ahora estará regulado por tiempos oficiales que el IFE reglamentará. Otro punto importante en esta reforma es la salida escalonada de los actuales consejeros del IFE empezando por su presidente Luis Carlos Ugalde. Los puntos importantes que no están contenidos en la reforma son, por ejemplo, el que siguen sin avalarse las candidaturas ciudadanas.
Ante esta reforma electoral los medios de comunicación iniciaron una campaña de desinformación argumentando que dicha reforma atenta contra la libertad de expresión y que ahora quedarían vetados para opinar sobre política, cuestión evidentemente falsa dado que lo que la ley contempla es únicamente el prohibir la contratación de espacios televisivos y radiofónicos para difundir dicha propaganda en tiempos electorales, no que se prohíba hablar de política o de los políticos en la radio y televisión. Ante esto es claro que dicha reacción empieza por la pérdida de jugosas ganancias pues no podrán contratar “spots” de radio y televisión, pero lo que hay más de fondo es que perderán parte del inmenso poder político y económico que han construido desde finales del siglo pasado y con él, la capacidad de hacer negocios.
El hecho de que parte fundamental de la reforma sea el punto de los “spots” es el pecado que acusa el hecho de que fue el poder mediático el que finalmente logró consumar el fraude electoral en el 2006, mediante la campaña sucia contra Obrador y posteriormente a través del intento de legitimación de FECAL a través de
Por eso cobra mucha relevancia la frase de Obrador acerca de que “qué sería del pelele sin la tele”, porque dicha televisión jugó un papel muy importante para embaucar a una parte de nuestro pueblo que por ignorancia o falta de definición política creyeron falacias como el que Obrador era un peligro para México, además de que los mercenarios “formadores de opinión” tanto de televisa como de TV Azteca se aliaron para predicar la inexistencia del fraude electoral, descalificando a todo el movimiento ciudadano que exigía trasparentar el proceso electoral.
Por eso la reforma empieza por quitarle un poco del basto poder que los medios masivos de desinformación tienen en nuestro país; para devolverle la credibilidad al proceso electoral, cuestión que se confirma con el hecho de que la reforma también contempla la salida de los actuales consejeros del IFE, pues fueron precisamente ellos los que, de manera directa, llevaron a cabo el fraude electoral, y pues ya era políticamente insostenible que llegaran a las próximas elecciones.
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