Muy ajeno a la osadía es el pobre que confía

I

Las autoridades formales y el gobierno de Oaxaca no gozan de ningún reconocimiento institucional por parte de los pueblos, a pesar de la capacidad de las élites locales para mantener viejas y nuevas formas de poder y acumulación. Capacidad que esta dada por el cacicazgo[1] como medio usual de territorialización, puesto que las formas corporativas adoptadas por el desarrollo capitalista en México no se han agotado, tienen su raíz en la política de masas del cardenismo que encauzó la lucha económica y social a la llamada “contienda corporativa”, de la que participó “la familia revolucionaria”; en tanto que el PRI es un partido histórico emanado de un proceso armado y de guerra civil, no es extraño que sus gobiernos locales garantes de la producción capitalista, sigan recurriendo a conformaciones peculiares de poder regionales que pugnan por el mando de la entidad, concibiendo la gubernatura , los ayuntamientos, cabildos, juntas auxiliares como un botín patrimonial; sin embargo, la centralidad del Estado es una ley inherente a la producción capitalista, y al establecerse éstas como las relaciones predominantes, tienden a reunir, agregar y comunicar los distintos circuitos de producción locales, con los que se puede entrar en contradicción en las formas de reproducción en un área pero no con lo que conforma la esencia de la dominación y explotación, por lo que el poder nunca se encuentra disperso y Fox-Fecal, Ulises Ruíz y el PRIAN son responsables directos de los asesinatos, detenciones y desapariciones forzadas, siempre como garantes de la clase dominante.

Este panorama social no es nuevo en el México subdesarrollado del autoritarismo gubernamental, y que exhibe entidades como Oaxaca en las que la ineficiencia y complicidad, la corrupción y represión sean las prácticas en la que sí se incluye a la población, además de la pobreza y miseria lacerantes[2]. Y en donde la relación de la política con la economía, manifiesta el estrecho parentesco entre los intereses de la clase dominante y la superestructura política. Hasta no hace poco Fox –ese buen gobernante neoliberal- intentó establecer una ley regional de concesiones que permitiera a los inversionistas financiar proyectos de infraestructura, sin obstáculos legales en el sureste mexicano, la inversión privada encontraría garantías de exención fiscal, desregulación, mano de obra barata, infraestructura, etc; es decir, la garantía de gobernantes con los pantalones abajo ofrecidos a la inversión, aunque estas pretensiones se den de topes con la realidad, pues el sureste mexicano es la región menos capitalizada, y en donde estados como Oaxaca[3], Chiapas y Guerrero, la mitad de la Población Económicamente Activa se ocupa en el sector primario[4], y aunque posea recursos forestales, de agua y biodiversidad, no obstante esta riqueza:

“En cambio padece el embate de la silvicultura predadora, ganadería extensiva y agricultura nómada, que combinadas ocasionaron deforestación grave, mermas biológicas, degradación de los suelos y pérdida de recursos hídricos, todo asociado con un severo daño social”[5]

Rascando un poco sobre esta situación son los caciquillos, los patrones lugareños quienes conforman la rudimentaria burguesía agrocomercial y agroindustrial con sus redes clientelares personalizadas[6], que mas que corromper una determinada institucionalidad o leyes sin operación real, entretejen las redes de poder que impiden el desarrollo de los mecanismos necesarios para lograr mejoras rápidas, al menos en términos históricos y a gran escala en los niveles de vida de los pueblos; pues dichos mecanismos pueden ser económicos, sociales e institucionales (públicos y privados). Bien, lo que intentaremos analizar es si es posible hablar de desarrollo económico regional, pues no se pueden negar de forma absoluta las reformas parciales, que pueden mejorar en cierto grado (quizá realmente ínfimo) las condiciones de vida de los trabajadores del campo, sin perder de vista cual debe ser la actitud general hacia el régimen capitalista: destruir su relación de clase, pues la fuerza la posee la burguesía y por el momento no el “pueblo”, por más que haya a logrado constituirse en Asamblea Popular, lucha de resistencia que hasta ahora, no va a la raíz de los males sociales en el orden de cosas establecido, sino en defectos parciales del mismo, careciendo de una necesaria orientación ideológica programada ante la problemática que se desarrolla, se erige sólo para “proteger” a las comunidades de la ilegalidad caciquil.

Oaxaca es la expresión política de esta situación, pero decir Oaxaca es decir Guerrero, Chiapas, Tabasco, Puebla, Campeche, Veracruz…en el sentido político y… económico, pues conforman la región de México en donde las condiciones objetivas 96 años después de la revuelta de 1910, no han cambiado sino que han empeorado: necesidades sociales acumuladas, caos, corrupción, pobreza, subdesarrollo, etc; dando como resultado entidades arruinadas políticamente y sin apertura democrática, la cual, aunque no resuelva nada en lo económico y social, abre vías para la lucha política, y al menos el así llamado conflicto oaxaqueño, pareciera una reedición de la lucha social de Guerrero en los años 60, estado donde el motor de la organización gremial campesina fue el agrarismo cardenista, sustituido en los años 50 por estrategias sectoriales de autonomía económica, para llegar a los años 60 a los agrupamientos cívicos. La APPO es la reunión de campesinos, estudiantes, profesionales, capas medias, en la que el gran ausente es la clase obrera.

“Una de las peculiaridades del caso de Guerrero, entre la década de los años 50 y 60, podría residir en una aguda tensión entre cacicazgos y formas de organización corporativa, entre las cuales destacaban las ‘nuevas empresas asociativas’ verticales entre productores e intermediarios, que, al parecer, al menos entre la coyuntura del cambio entre los decenios, gozaron del apoyo de los poderes federales. Sin embargo, los nuevos sujetos, tanto de origen privado como ‘social’, no parecen haber tenido la fuerza suficiente para encauzar el choque entre poderes territoriales, para ‘civilizarlo’ y por tanto se volvieron parte integrante de aquéllos. Así, dejaron muy pronto de representar opciones claramente distintas. Donde los fracasos de la modernización corporativa se hicieron más evidentes fue en la pugnas al interior del partido-Estado” [7]

Valga la comparación para explicar que en Oaxaca, la pugna actual ya no está en la búsqueda de conformar un mercado interno para el desarrollo de la producción capitalista y la disputa de facciones, sino una vez consolidado localmente con sus particularidades específicas (rudimentaria burguesía agrocomercial y agroindustrial), se debe “asignar eficientemente” los recursos que se tienen, en la óptica de la política económica neoliberal, de forma que los procesos políticos y económicos deben negar a los pueblos como portadores de historias, tradiciones e identidad propia, y aún más, los asentamientos poblacionales comunitarios y campesinos, su actividad económica, en la que encuentran curso algunas necesidades sociales como la cultura, la educación, las formas de gobierno, que dotan el sentido de pertenencia a los pobladores son borradas por este desarrollo económico.

“Históricamente han operado mecanismos de control político y administrativo hacia los municipios indígenas a partir de los recursos económicos para el desarrollo. La dependencia económica es tan fuerte que muchas medidas administrativas se deciden de acuerdo con las prioridades estatales y nacionales, por lo que, para obtener la aprobación de recursos, los ayuntamientos han tenido que cumplir con dos condiciones: que los servicios demandados estén contemplados dentro de un programa estatal o federal y que el Estado esté interesado en hacer excepciones por razones políticas”[8]

De manera entonces, que la forma concreta que adquiere el desarrollo de la comunidad, es decir, el municipio, en Oaxaca, es sinónimo de la defensa histórica de la defensa de la tierra por los pueblos, de su territorialidad, gobernabilidad y administración local.[9]

II

La contradicción entre la burguesía agroindustrial y comercial local que toma cuerpo en las formas del sometimiento férreo caciquil y el gran capital orientado a la agroexportación en una óptica sí regional pero transfronteriza, en vez de sectotial, políticas que se impulsan desde el Estado con el gobierno federal, y los cuerpos policiacos ejerciendo el monopolio de la violencia, es la que evidencia el conflicto oaxaqueño, es decir, la incapacidad de capitalismo para detonar el desarrollo económico de la comunidad.

“Dentro de la lógica del ‘libre mercado capitalista’ se niega el hecho de que una actividad económica, también tiene otros valores, consecuencias y necesidades, que el puro rendimiento financiero. Trabajar también es una actividad social, crea tejido social, da sentido e identidad, tiene un componente de sostenibilidad, etc. Durante siglos se han desarrollado diferentes tipos de economías, cada una basada en un intercambio de bienes, adaptado al medio ambiente, reflejando equilibrios entre diferentes pueblos y produciendo las interdependencias necesarias para la convivencia. Todo ello no es calculable en un valor financiero. Negar estos componentes, (y esta negación es la base del capitalismo y su regla de la maximización del beneficio), condena a la mayoría de la población a la miseria, porque les destruye su trabajo y su base social, y con ello su identidad, para convertirla en emigrantes, jornaleros, parados o ‘indigentes’”.[10]

Aunque Hendrick hace sueños guajiros sobre el desarrollo sustentable, sus conclusiones nos adentran a lo siguiente: ¿Qué evidencia la lucha social de los pueblos de Oaxaca? Un desafío al dominio de los caciques locales y la negativa del sistema de mantener sus sistemas de desarrollo económico basados en la comunidad indígena y la organización social campesina, porque el capitalismo, ni siquiera en esta forma de avallasamiemto, tolera economías paralelas, autoproductivas, dizque sustentables, pues por un lado, siendo objetivos, no generan empleos en gran escala ni generan ingresos al grueso de la población, no generan suficientes recursos y capacidades para el desarrollo que pueda resolver los problemas económicos nacionales, porque el desarrollo nacional es el de la burguesía y nada tiene que ver con particularidades de política agraria, fiscal, industrial o financiera en determinada entidad federativa, ni con usos y costumbres de los pueblos, sino con las particularidades de la organización social de la producción que da nacimiento a tales políticas. No obstante, para la organización de la producción las comunidades reconocen las instituciones municipales, pues son un producto de la tenaz lucha social emprendida por la defensa del territorio, de la propiedad sobre el suelo, mencionar esto en las circunstancias actuales nos es útil para esclarecer toda una serie de interpretaciones que confunden e idealizan los propósitos de la resistencia popular, en la que la visión de que es una “lucha horizontal” oculta en realidad la heterogeneidad, la no uniformidad, pues cada municipio tiene una historia singular, particular desde su articulación con el orden colonial y posteriormente con el Estado capitalista y sus crisis de apertura importadora y descapitalización que tienen una repercusión e intensidad regional diferente, pues en los pueblos hay desigualdades porque hay clases sociales, por lo que defender la autoorganización resaltando los valores de las comunidades, tiene valía si no se desapercibe de la profunda raíz comunitaria y popular, pero además si se apuntala la visión objetiva de transformar las relaciones sociales sobre principios verdaderamente democráticos que sólo puede lograr un programa socialista.

Ahora bien, ¿cuál fue el detonante que originó la movilización qué duró más de seis meses en Oaxaca, en la que participó todo el estado en contra de Ulises Ruíz y el PRI-AN que lo sostuvo? Como sabemos fue el fallido desalojo del plantón magisterial en el zócalo de la ciudad, por la revisión contractual de la sección 22 del SNTE en la que 70 mil maestros enarbolaron una demanda economicista por mejoras contractuales:

“En esta ocasión, el comienzo de un paro de labores se sustentaba en el reclamo de rezonificación de los mentores por vida cara, dado el alto grado de carestía en esa entidad turística; la atención al rezago educativo de más de 20 años en los 11 subsistemas ante la insuficiencia de infraestructura básica, y plazas de docentes y personal de apoyo”.[11]

El ofrecimiento económico de 60 millones de pesos y la amenaza de represión para “solucionar” el conflicto, fue la respuesta por parte del gobierno. De inmediato este carácter represivo e intolerante fue denunciado por la dirigencia magisterial. La simple demanda laboral, poco a poco se consolidó con los bloqueos a carreteras, ocupación del zócalo de la ciudad, manifestaciones y la primera marcha de 80 mil personas “donde participaron ya el Frente Sindical de Organizaciones Democráticas, la Promotora de la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo y la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños. A las reivindicaciones magisteriales se añadieron peticiones de esclarecer el asesinato de Moisés Cruz, dirigente de esas organizaciones, victimado, según denunciaron, por pistoleros al servicio de caciques priístas”.[12]

Permítasenos una nueva comparación para esclarecer porque la constitución de la APPO terminó por rebasar las demandas y prácticas políticas de la CNTE, pues esta Asamblea Popular “se fijó el objetivo de iniciar una lucha prolongada para la destitución de Ruiz y la desaparición de poderes, ante el carácter represivo de la administración estatal.”[13] Y el porque los campesinos, indígenas y trabajadores movilizados vieron la posibilidad de confrontar y perfilar una forma de organización en contra de la opresión del poder económico y político. Si evidentemente, pareciera que estuviéramos hablando de la situación política de lo años sesenta en Guerrero, valga la comparación entonces:

“La política de reproducción del atraso llevaba evidentemente consigo todo sus riegos: la naturaleza de los enfrentamientos y sus modalidades podían cambiar en el tiempo y en las diversas regiones del estado, pero la pugna era permanente y, dado que las formas de poder caciquil tienden a involucrar a los grupos subalternos, el conflicto arrastraba con cierta regularidad a los sectores populares”.[14]

Los maestros ‘involucrados’ arrastraron con sus demandas a los productores que han luchado por conquistar su autonomía organizativa y política para la defensa de sus niveles de vida así como de sus derechos como productores, una lucha por no desertar como productores locales del mercado, de la competencia, una lucha por enfrentar la corrupción y la represión que no permite la inversión en infraestructura para el desarrollo comunitario y regional, es decir, de la eficiencia de la pequeña empresa. De ahí que erigirse como un defensor acrítico, a ultranza del autonomismo, no nos dejará capacidad para analizar la importancia de los planes regionales, las formas asociativas que concreticen proyectos de comercialización, agroindustrialización, obtención de créditos y de insumos a la producción, y que son utilizados para neutralizar la organización popular, pues si es posible llegar economías auto-sostenibles, su mantenimiento por el control político y mercantil y por la competencia a la que se ven sometidos las desplaza y desaparece. De ahí que en las actividades de autoconsumo padezcan las formas más tradicionales de explotación: acaparamiento de tierras por parte de autoridades comunales o ejidales, despojo de parcelas, usura, etc. Y sobre las producciones mercantiles se erijan los cacicazgos modernos.

“El autonomismo reivindica correctamente el uso de la acción directa como un rasgo de los nuevos agrupamientos de lucha. Pero no observa que complementan la utilización de este recurso con legítimas negociaciones y maniobras. Estos movimientos valoran el sentido de comunidad y apuntalan los principios de solidaridad, pero esta conducta se encuentra incorporada a todas las acciones colectivas de las clases oprimidas. Lo novedoso solamente radica en como se renueva esa tradición.”[15]

De manera tal que las organizaciones autónomas son un mecanismo de control social efectivo cuando logran desbordar la acción institucional marcada por el autoritarismo, la ineficiencia, el burocratismo y la corrupción, pero por su acción y concepción se divorcia de la realidad en la que domina la organización social y económica del capitalismo, idealizan la “organización de nuevo tipo”, alternativa al modelo de Estado y al propio del capital privado, pues son incapaces de crear circuitos económicos y políticos iguales o semejantes en sus funciones económicas y reduce su lucha a una actividad moderada, cuidadosa que no afecte seriamente los intereses de ellas mismas como organización, y se desaperciben, teóricamente, de la inevitabilidad, condicionada por la organización económico-social, de la burguesía, de la que ideológicamente no admiten su presencia para combatirla.

III

Demandas sociales que han apuntalado en lo económico a la APPO son:

-Reivindicar e impulsar las cooperativas y otros mecanismos económicos en que los medios de producción estén en manos de los trabajadores.

Es decir, la defensa de la pequeña economía independiente que apuntale el desarrollo de programas económicos populares. Ahora bien, cómo debe tratarse la problemática que perfilan estas demandas. Si tomamos como punto de partida los parámetros que han intentado medir la capacidad de desarrollo en el estado, aún con estas cifras que de ninguna manera se orientan a proponer cambios en la lógica del sistema que produce y reproduce estos extremos de desarrollo, se nos dice:

“En Oaxaca se observan los extremos de desarrollo más distantes en una entidad federativa mexicana. Allí encuentra uno de los municipios con mayor nivel de desarrollo, Santa María del Tule, con un IDH de 0.86, pero también uno de los de menor desarrollo humano, Coicoyán de las Flores, con un IDH de 0.39. En un nivel similar al último están los municipios de San Simón Zahuatlán, Santa Lucía Miahuatlán, Santa María la Asunción, Santiago Ixtayutla, Huautepec y Santo Domingo Tepuxtepec”[16]

El IDH, que pretende ser un indicador social engloba tres parámetros: 1) Vida larga y saludable, que mide la esperanza de vida al nacer, 2) Educación, que pondera la tasa de alfabetización de los adultos y los niveles e matriculación en educación básica y 3) Nivel de vida digno, ponderado por el PIB per cápita. Por supuesto que este índice no permite deducir el carácter social de la producción que lleva a cabo la producción capitalista y la apropiación privada, individual de la riqueza, pues no es su objetivo; no obstante, podemos apreciar las condiciones que enfrenta el desarrollo en México, sin las cuales sería difícil pensar en el desarrollo ulterior al socialismo, y vislumbrar la tragedia que en el campo económico enfrentan por su supervivencia los pueblos de Oaxaca… Guerrero… Chiapas…, etc. Tomemos íntegros los datos de los datos de Carlos Fernández Vega vertidos en su columna de periódico La Jornada, México S.A.:

“Las tasas de mortalidad infantil por enfermedades infeccionas son tres veces el promedio nacional en Chiapas, y 2.5 veces en Oaxaca. De acuerdo con el Banco Mundial, sin duda una de las instituciones que más apoyó al régimen del "cambio", los

indicadores de la situación de salud de Chiapas, Oaxaca y Guerrero siguen por debajo del promedio nacional. Tales estados se encuentran en el extremo inferior en la lista de los ordenados según esperanza de vida en el momento de nacer, y esperanza de vida libre de discapacidad en el momento de nacer, si bien las diferencias parecen bastante menores en relación con las diferencias de ingreso. Sin embargo, la brecha en la esperanza de vida entre el promedio nacional y cada uno de los estados no se redujo de manera significativa.

La incidencia de pobreza más alta está en las áreas rurales de los estados del Pacífico sur -Chiapas, Guerrero y Oaxaca- donde todavía cerca de 50 por ciento de la población vive en la pobreza extrema, seguidas del Golfo sur y la región del Caribe, donde aproximadamente 35 por ciento de la población es extremadamente pobre. Esto se compara con 19 por ciento en el centro, 10 por ciento en el norte y 4 por ciento en la ciudad de México. En términos de números absolutos, es importante notar que hay grandes grupos de quienes viven en la pobreza extrema que habitan fuera de estas regiones del sur. Por ejemplo, cerca de un cuarto de todos los pobres extremos de México viven en áreas urbanas en los estados del centro.

El acceso a los servicios básicos de salud sigue siendo esporádico en algunas partes del país. Así, los indicadores de resultados de salud en Chiapas, Oaxaca y Guerrero siguen

rezagados con respecto al promedio nacional. De hecho, estos estados se ubican en el renglón bajo de la lista de estados clasificados por esperanza de vida al nacimiento, y en los niveles más altos en términos de mortalidad materna.

Oaxaca ocupa el segundo lugar nacional en tasa de fecundidad, el quinto en tasa de natalidad, el 31 en esperanza de vida al nacer, el noveno en migrantes internacionales, el sexto en hogares con jefatura femenina, el 31 en acceso a los servicios médicos institucionales, el primero en mortalidad y el segundo en mortalidad infantil. El 35.2 por ciento de la población habla lengua indígena y español; 14.3 por ciento sólo lengua indígena.

En disponibilidad de servicios básicos (agua de la red pública, drenaje y energía eléctrica) ocupa el escalón numero 32, es decir, el último, como también en viviendas con piso de tierra y en al agua potable. El penúltimo en disponibilidad de bienes como

televisión, refrigerador, computadora, lavadora. El último en crédito e inversión (pública y privada) ejercidos en vivienda.

Tercer lugar nacional en población analfabeta (19.3 por ciento del total), sólo por debajo de Chiapas (21.3 por ciento) y Guerrero (19.9 por ciento), contra 8.4 por ciento de promedio nacional. Casi el 7 por ciento de la población de seis a 14 años no asiste a la escuela; 17.4 por ciento de la población de 15 años de edad en adelante no tiene instrucción, y 20.5 por ciento no concluyó la educación primaria. El grado promedio de

escolaridad en el estado es de 6.3 años, contra 7.9 como promedio nacional. Oaxaca ocupa el lugar número 13 -a nivel nacional- en educación básica, el 32 en media superior y el 31 en educación superior.

Los indicadores de educación de Oaxaca revelan lo siguiente: en educación primaria ocupa la cuarta posición nacional en deserción, el primero en reprobación y el 27 en eficiencia terminal; en educación secundaria, en el mismo orden, los lugares 11, 25 y 24, y el 26 en absorción: en profesional media (técnica) las posiciones 21, 4, 15 y 28, respectivamente; en bachillerato, los escalones 23, 6, 6 y 25, en cada caso. Por lo que toca a la absorción en educación superior, el estado ocupa el penúltimo lugar nacional.

En infraestructura , recursos y consultas externas del sector salud, Oaxaca ocupa las siguientes posiciones en el ámbito nacional: novena en hospitales, tercera en unidades de consulta externa, 14 en número de camas hospitalarias, sexta en consultorios, 14 en laboratorios de análisis clínicos, 14 en personal médico, 17 en personal paramédico, 13 en consultas externas, 29 en quirófanos, 29 en número de médicos en contacto directo con el paciente, y el 30 en enfermeras. La participación de la medicina privada en estos renglones hace que Oaxaca ocupe del escalón 15 al 32.

El 23 por ciento de la población ocupada en Oaxaca no recibe ingreso, contra 8.7 como promedio nacional, lo que ubica a la entidad en segundo lugar, sólo superada por Guerrero (27.3 por ciento); 43 por ciento obtiene hasta dos salarios mínimos, 26 por ciento entre dos y cinco. El 45 por ciento se emplea en el sector servicios y 35 por ciento en el agrícola, pesquero y silvícola.

Oficialmente, el índice de desempleo abierto es cercano a 2 por ciento de la PEA. Ocupa el último lugar nacional en producto interno bruto per cápita.

Ochenta por ciento de los ingresos públicos estatales corresponden a aportaciones federales. Sólo 0.5 por ciento son impuestos estatales. Tiene el último lugar en inversión

extranjera directa, y el grueso de ella se ha canalizado a las zonas turísticas de playa, Huatulco fundamentalmente”.[17]

Vemos entonces que el problema es mucho más complejo de lo que parece y tiene que ver con la organización social nuestra economía que es una economía capitalista, sobre tal base, cualquier cooperativa es un paliativo insignificante, porque no suprime la concentración de los medios de producción y dinero en unas cuantas manos, ni el empobrecimiento absoluto de la mayoría, en el mejor de los casos unos cuantos pequeños productores, si logran mantenerse en el circuito del mercado ascenderán por encima de la inmensa mayoría empobrecida. Lo que reduce la lucha social a lo individual. Pero también estas condiciones clarifican que no puede haber desarrollo ni capitalista, ni socialista sin independencia económica y sin la lucha política por deshacerse del desarrollo oligárquico-dependiente, algo que de manera franca empezó a hacerse latente en la confrontación social de Oaxaca, donde la APPO con todas sus limitantes unió campesinos, estudiantes, profesionales, capas medias que aspiran a la equidad, el bienestar, la libertad política, la democracia, vías políticas que el gobierno estatal y federal quieren cancelar mediante la represión:

“’La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (Cciodh) documentó luego de su quinta visita a México que en Oaxaca ‘hay una estrategia jurídica, policíaca y militar... cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil’. Efectivamente, este tipo de acciones se enmarcan, como comentaba a Página/12 Isaac Torres, abogado de la Liga Mexicana por los Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), ‘en un proceso de represión conjunta desde el ámbito estatal y federal que se inicia con la llegada de la Policía Federal Preventiva (PFP) el 29 de octubre y que incluye al menos 23 muertos, alrededor de 20 detenciones arbitrarias en la actualidad, abusos de autoridad, un sinfín de violaciones a los derechos humanos y las garantías individuales, hostigamientos y amenazas, entre otros’”.[18]

La desaparición de poderes por el carácter fascista del gobierno estatal apoyados por la derecha yunquista del PAN, que enarboló como eje aglutinante la APPO, evidencia las relaciones de poder en donde el hombre y las clases están enmarcadas por las relaciones sociales de producción que genera condiciones de subsistencia, polos turísticos y comerciales, alta productividad en los valles del norte dirigidos a la exportación, a despecho de míseros salarios, importación de granos básicos, caída de precios del café, migración, analfabetismo, insalubridad y pobreza extrema. Y aunque los pueblos reconocen las presidencias municipales, o a las personas que representen las agencias de la policía municipal elegidas por usos y costumbres:

“Si bien los municipios oaxaqueños indígenas reconocen y aceptan estos cargos, en la práctica tanto sus funciones como su forma de nombramiento son distintas. En general se puede afirmar que los pueblos han logrado mantener un importante grado de autodeterminación política interna, sin dejar de estar subordinados a las estructuras impuestas por el Estado nacional.”[19]

Es decir, por el lado de las relaciones económicas capitalistas se subsume la autodeterminación política interna, la subordina, tal ha sido uno de los tantos casos en que las mismas comunidades le han apostado a la ganadería extensiva como última alternativa económica, intentando escapar de la migración a la nación usana por la crisis cafetalera de los novena. El avance de los potreros demuestra que la selva montañosa no es apta para la ganadería:

“La falta de cultura en el manejo además de la nula capacitación y asistencia técnica, traen como consecuencia rendimientos muy bajos, mucha destrucción, agotamiento de manantiales, pérdida de suelos y alta mortandad del ganado, pues lo único que se hace es abrir grandes extensiones de potreros y soltar a las vacas en libre pastoreo.

Para nosotros el ganado es sólo un ahorro que nos permite salir de algún apuro económico, cuando tenemos que enviar dinero a nuestros hijos que estudian fuera o se nos enferma algún familiar y necesitamos comprar medicina. Nuestro pueblo sigue siendo campesino, lo malo es que no hay mercados para nuestros productos"[20]

La subordinación a sí misma que logra la burguesía del trabajo del pueblo, su centralización y dirección y la elevación de la productividad son la base de la producción capitalista que no se desarrolla por casualidades sino a la necesidad propia de la estructura de económica de las relaciones predominantes en la economía social, que se sustituyen incidiendo, apelando al desarrollo de las contradicciones de clase en este orden económico dado que se quiera o no es el que tenemos.

IV

Otra demanda económica apuntalada por la APPO es la siguiente:

-Instrumentación de proyectos de desarrollo regional sustentable. Se propone que la sociedad Oaxaqueña debe impulsar una legislación sobre la sustentabilidad y el medio ambiente.

Bien, para abordar esta propuesta, adentrémonos a ver lo que en la discusión teórica define a una comunidad y si es viable para el desarrollo regional; en su forma más general la comunidad puede definirse de la siguiente manera:

“Las comunidades constituyen asentamientos poblacionales que, a su vez, resultan parte

de otras organizaciones mayores y se pueden definir como un espacio físico ambiental,

delimitado geográficamente y en cuyo seno se producen interacciones sociopolíticas y

económicas que traen consigo un conjunto de relaciones interpersonales sobre la base de las necesidades existentes. Cada comunidad es portadora de tradiciones, historias e identidad propia que se identifican con los intereses y el sentido de pertenencia del grupo que integra dicho espacio, y que al mismo tiempo la diferencian del resto de las comunidades.”[21]

Como se percibe la comunidad no permite extender el radio de acción del trabajo más allá de sus límites propios, porque no logra concatenarse geográficamente para operar productivamente sobre los objetos de trabajo, la órbita de producción no se extiende más allá de lo que posean los productores independientes, no hay una reducción del tiempo y espacio económicos porque no se emplean de manera simultánea por una misma dirección económica, los procesos de trabajo son individuales, desperdigados y sin relación con una misma dirección económica. Ahora se intenta recrearlas a partir del desarrollo regional sustentable para romper su cautiverio político y recuperar su territorio, aunque el conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales en que viven los pueblos, es decir, el medio ambiente, es incontrolable, y la necesidad e inevitabilidad del dominio burgués es lo que miramos con atención, nada más.

“El pensamiento racional de ‘occidente’, niega el valor del medio ambiente, niega el valor de una agricultura como equilibrio entre el trabajo, la producción de alimentos y el medio ambiente. Si todas estas culturas del Sur han sobrevivido miles de años, significa que tenían sus propios sistemas de desarrollo económico. Este desarrollo estaba basado en equilibrios complejos entre diferentes comunidades y adaptados a la realidad del clima y medio ambiente. La colonización fue una primera destrucción de estos sistemas económicos, y con la ‘apertura’ de los mercados, sobre todo del mercado agrícola, millones de campesinos se quedan sin posibilidades de cultivar, vender sus productos y les quiebra su forma de vivir.”[22]

Hendrick, expresa una de las tesis autonomistas que se desapercibe de que las relaciones del capitalismo se mueven a partir de la acción mutua de sus componentes, de sus diversas partes y fuerzas antagónicas, nunca en estado de reposo, sin conflicto, como sería representárnoslo como un equilibrio estable entre el trabajo, la producción de alimentos y el medio ambiente, si acaso tenemos coexistencia para sobrevivir, demostrado está, sin embargo, que la autosuficiencia es cosa del pasado, la relación entre el medio ambiente y las comunidades nunca se producen en idéntica proporción, la ruptura de los equilibrios en la comunidad no conduce a reestablecer las mismas condiciones de equilibrio anteriores, sobre la misma base, por tanto, no pueden no aceptarse sistemas de desarrollo porque el equilibrio estable no existe en la realidad.

Las estructuras regionales de dominación en Oaxaca, basada en una compleja red de relaciones o mecanismos de dominación directa (violencia, asesinato, desapariciones) y el manejo de mecanismos de control de poder, ha recreado las comunidades para el capital dentro de la lógica de la ganadería extensiva que requiere de mano de obra disponible y que se somete a formas de explotación semifeudales y neocoloniales; y para el capital transnacional, con la complicidad de las elites locales, las comunidades y sus territorios representan “territorios de conquista y ocupación” en las que el ‘desarrollo sustentable’ no es sino retórica inventada para infiltrarse con piel de cordero. Oaxaca, es un polo neurálgico para la inversión extranjera, citemos ahora a Carlos Fazio:

“La instalación de una zona con vocación de paraíso fiscal para maquiladoras dedicadas a ensamblar productos; la construcción de grandes almacenes y centros de distribución, y una red de corredores multinodales (carreteros, ferroviarios y portuarios), como ruta de carga para mover grandes volúmenes de mercancías y contenedores. Un país subordinado con una economía de servicios en función de los intereses de Estados Unidos. El viejo sueño geopolítico de Corthell y del capitán Shufeldt, de hacer un mare nostrum estadunidense en el Golfo de México. El proyecto para la conformación de un corredor de transporte multimodal contemplaba una inversión de 220 millones de dólares para la operación y modernización del tren transístmico y las terminales marítimas de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como para la ampliación de la autopista que uniría ambos puertos. Se argumentó entonces que por esa vía se podrían transportar hasta 200 mil contenedores al año. Se definían incluso los posibles inversionistas: para administrar la ruta férrea estaban "anotados" Wisconsing Central Railroad, Ancostia & Pacific Railroad, Railroad Development Corporation, Omnitrack Railroad y Canac International of Canadá. Para transporte multimodal figuraban Danzas Corp., Kulme & Nagel, Alliance y Pinalpina Internacional. Para terminales de contenedores: P&O, Stevedoring Services of America, Eagle Marine e International Container Terminal Services. Entre las empresas de construcción e ingeniería especializada se mencionaba a ICA, GMD, Tribasa, Bechtel Corporation y Brown & Roo. En 1996, en plena danza de los "rescates" carreteros zedillistas y la privatización de las redes de comunicación terrestres y aeroportuarias, que comprendió la licitación de la empresa Ferrocarriles del Sureste (incluida la ruta férrea transístmica), el proyecto fue rebautizado. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán, lanzó el Megaproyecto Integral del Istmo de Tehuantepec, antecedente inmediato del Plan Puebla-Panamá, al que el presidente Vicente Fox y sus patrocinadores foráneos agregaron ahora el tramo Suichate-Puerto Colón. Según Ruiz Sacristán, 80 empresas extranjeras estaban interesadas en invertir en la construcción de un corredor transístmico ferroviario privado y en dos unidades generadoras de energía eléctrica. Se mencionó, incluso, que la familia real de los Emiratos Arabes estaba interesada en entrarle al negocio, sufragando la construcción de una autopista de 411 kilómetros entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, que se conectaría con La Ventosa y el ramal Huatulco. El megaproyecto, que acentuaba el destino de México como una zona ensambladora bajo el régimen de maquiladoras, "integraba" ya a las industrias química y petroquímica, de refinación, de cultivo forestal -con siembra de eucaliptos en Los Chimalapas, Santiago Yaveo y San Juan Cotzocón-, de camaronicultura, de explotación de minerales no metálicos -mármol, roca fosfórica, sal de mar- y de textiles, así como la ampliación del complejo turístico en Huatulco y grandes obras de infraestructura. En los proyectos gubernamentales pocas veces se recuerda que por su posición geopolítica el Istmo de Tehuantepec es considerado una zona de seguridad nacional. Allí se refina la tercera parte del crudo mexicano y se elabora 88 por ciento de los productos petroquímicos. La región es rica en agua y encierra un enorme potencial hidroeléctrico, además de poseer uranio y otros minerales estratégicos, así como una gran variedad de biodiversidad. Ahora, toda esa región y sus riquezas se pretenden abrir al capital extranjero, proyecto que incluye, también, una eventual privatización disfrazada de la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. En 1996, cuando el gobierno de Zedillo inició la privatización del sistema ferroviario, distintas voces se alzaron para impedir que el entonces llamado Ferrocarril del Sureste quedara en manos del capital foráneo. El ex dirigente empresarial y ex funcionario público Francisco Cano Escalante argumentó que dejar en manos privadas el tramo ferroviario en ese corredor geopolítico vulneraba la soberanía nacional. Debido a su carácter "estratégico", en septiembre de 1997 el gobierno federal decidió que la ruta del sureste se dividiría en tres segmentos, y que el tramo Coatzacoalcos-Salina Cruz sería operado por una paraestatal. La empresa quedó inscrita en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2000, bajo la denominación Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV.”[23]

Tenemos entonces que se trata del Megaproyecto Integral del Istmo de Tehuantepec, hoy rebautizado como Plan Puebla-Panamá, y como se ve tiene sentido resistir la destrucción de soberanía económica, pues la eliminación de toda posibilidad de revoluciones es mera manipulación ideológica, pues el capital no se puede independizar de la fuerza de trabajo, esta contradicción es objetiva, otro es el problema de las condiciones subjetivas, de tal modo, la unión organizativa de la APPO, que va en el sentido de unir obreros, estudiantes, campesinos, profesionales, capas medias, quizá empresarios nacionales y a todas las fuerzas sociales; teóricamente puede ir más allá de tener una “adaptación social mutua”, acciones más allá de la “actividad solidaria”; es claro que no se trata, como dice la Dra. Bertha Elena Muñoz, la voz del movimiento desde Radio Universidad:

“No es un “movimiento de revolución. Es simplemente de respeto a las leyes que ya están. La ciudadanía se unió a la movilización magisterial, transformándola en lucha social, luego del intento de desalojo por parte del gobierno estatal el pasado 14 de junio, cuando la policía local agredió el plantón que sostenían los mentores en el zócalo de la capital oaxaqueña. A lo anterior, suma la injusticia: ‘En Oaxaca hacen falta escuelas, agua, pavimentación, electrificación, las cosas más elementales’.

‘Pueden seguirnos reprimiendo y quizá dentro de una semana en lugar de 10 personas escondidas seamos 50, y a lo mejor otra vez vuelven a llenar las cárceles y quizás vuelvan a balacearnos. Pero repito: la gente decidió echarse a caminar y no la van a parar, el movimiento sigue y va a seguir.’

‘No se trata de odio, éste no nos mueve. Nos mueve simple y sencillamente un deseo de justicia, de que no podemos seguir viviendo, en pleno siglo XXI, como si estuviéramos en el porfiriato, en donde cualquier cacique de pueblo, si alguien está en su contra, lo manda matar y tranquilamente ya se componen las cosas. Y esa es la situación de Oaxaca"[24]

Y aunque pudiera se compatible con el sistema la caída de URO de Oaxaca, el sistema no lo puede soportar ni satisfacer, pues la desigualdad, pobreza, miseria económica, desempleo estructural, discriminación forman la esencia de su política represiva.

La unidad de lucha es una condición de los oprimidos y dominados que puede crear condiciones para el desarrollo de una lucha política de clase cada vez más extensa y precisa, sin los recursos y capacidad de organización suficientes, plantear la independencia económica para empezar a resolver los problemas sociales y económicos del país, manteniendo la unidad de acción es todo un desafío, sobre todo cuando se ha sido capaz de agruparse y de enfrentar la represión. En un país en que el pueblo también ha sido capaz de mantener la lucha armada, aunque sea para abrir cauces políticos a la detención de las desapariciones y asesinato de líderes políticos, todo provocado por la injusticia de las condiciones materiales de vida de la mayoría, no la descalifica, todo lo contrario la enaltece y prueba que en la transformación que requiere la Patria todos los esfuerzos se verán sumados y contribuirán en mayor o menor medida.

V

Muy ajeno a la osadía es el pobre que confía, reza un sabio dicho popular, el 16 de julio de 2007, durante la Guelaguetza Popular, un enfrentamiento provocado por las fuerzas policíacas del estado dejó un saldo de más de 40 detenidos, decenas de heridos, dos heridos de gravedad y varios inmuebles semidestruidos. Por supuesto que la mayoría de la gente ya no cree las versiones que desde los medios de comunicación responsabilizan a la APPO de estos hechos, y queda de manifiesto el carácter represivo de la administración estatal en colusión con los cuerpos federales. Y aunque en detalle no lo sepa, el pueblo empieza a darse cuenta de que al frente de las empresas que le pertenecen constitucionalmente – tal es el caso de PEMEX- se encuentran secretarios de Estado de escaso perfil político, como Kessel, mejor conocida como coautora del artículo: "El sur también existe: un ensayo sobre el desarrollo regional de México", que escribió con Santiago Levy, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social y subsecretario de Hacienda en el gobierno de Ernesto Zedillo, y Enrique Dávila, que fue base del Plan Puebla-Panamá, y que se quiere imponer en el sureste mexicano.

El crecimiento económico de las administraciones tecnócratas esta muy alejado del bienestar del pueblo, en la óptica de los neoliberales se separa el “combate a la pobreza” del “desarrollo regional”, en aquél, se hace uso de los programas de focalización para administrarla mejor, en éstos, se trata de liberar el potencial productivo de las regiones, sobre este caldo de cultivo, se sazona la lucha popular en Oaxaca, que podríamos resumir en el balance de periódico Pagina 12:

“Como señala Gustavo Esteba en su artículo “APPOlogía”, son tres las alternativas que se presentan: por la democracia formal (partidos políticos de izquierda como el Frente Popular Revolucionario que avalaban la idea de que la APPO presentara candidatos), por la democracia participativa (sobre todo sectores de la sociedad civil u ONG que hacen hincapié en mecanismos legales e institucionales como el referéndum y la consulta ciudadana) y por la democracia radical (sobre todo impulsada por sectores autonomistas para volver de hecho a la ley de “usos y costumbres” que permite a 418 de los 512 municipios en el estado de Oaxaca administrarse por asambleas comunitarias).

Todos ellos, antes unidos por el reclamo de la salida de Ulises Ruiz, hoy no encuentran espacios de consenso, lo que quedó demostrado en la 2ª asamblea estatal de la APPO, el 2 de junio de este año; “por diversidad de ideologías tenemos una crisis de funcionamiento y nos estamos madreando”, decían en una intervención. “Es que esa consigna ya no tiene la misma fuerza, ya no existe la certeza de que la semana que viene sí cae”, comentaba Eduardo Almeida, participante de la asamblea. Esta idea se derrumbó en el momento en que quedó explícito el pacto del PRI con el Partido de Acción Nacional (PAN) del presidente Felipe Calderón, por la necesidad de ambos de mantener al gobernador. El primero por cuidar sus espacios en un momento de repliegue después de más de 70 años del control absoluto del Estado; el segundo por la necesidad de mostrar gobernabilidad en un inestable escenario nacional marcado por las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de julio del 2006.

Los maestros no tenían idea de lo que iba a desatar el ‘Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó’, la consigna después del desalojo del 14 de junio. Esa frase es la que logra la articulación inmediata y masiva de las organizaciones sociales que estaban ahorcadas en la esquina como consecuencia de la política de mano dura de URO. Así se conforma la APPO, por la demanda de su salida. Ahí se encontraban sindicalistas, campesinos, indígenas, estalinistas, maoístas, gente de López Obrador (el líder del Partido de la Revolución Democrática, PRD), trotskistas, autonomistas adherentes a “la otra campaña” zapatista. Lo que hubo entonces fue una gran masa demandando la renuncia, eso es lo que unía, no una determinada línea ideológica”, afirmaba Yesica Sánchez Maya, directora de Limeddh. En paralelo, por supuesto, cada uno mantenía una interpretación sobre el proceso: como un revolución social, como una revuelta, una rebelión, asimilaciones a la Comuna de París, al levantamiento zapatista de 1994, a los soviets rusos. Hoy son esas interpretaciones las que entran en disputa. Estas discusiones, sin embargo, son las que caracterizan al Consejo de la APPO, escindido hoy de las bases. En estas, otras son las perspectivas y las lecturas: “Muchos fuimos sin ganar nada, como sociedad civil, porque estábamos hartos de los dirigentes. La lucha y la resistencia fue muy buenas porque nos dejaron muchos conocimientos. Ahora hay que pasar a otra instancia, la de la construcción. Si se quiere quedar Ulises, ya no nos vamos a quedar en eso, nos vale madre, que hable solo como loquito, ya nadie lo reconoce, ya nadie lo respeta. Mientras tanto la gente en las bases tiene muchas ganas de trabajar, de hacer cosas”, comentaba Viviana, estudiante de Derecho y participante de lo que fue la barricada de Calicanto. Martínez Vásquez coincide: “Aunque golpeado y desorganizado, el movimiento sigue. Existen sus banderas en la ingobernabilidad, en las organizaciones sociales, en las actividades de las colonias. Va a tener que haber cambios; si no la normalidad nunca va a lograrse”.[25]

Muy ajeno a la osadía es el pobre que confía, ni duda cabe.

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[1] “La injerencia de funcionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido definitiva en el estilo de gestión para el desarrollo municipal, que establece una relación de subordinación política, en que la comunidad y el municipio dependen de las relaciones con el PRI para obtener recursos del gobierno.

En esta tradición, que ha comenzado a cambiar desde mediados de los años ochenta con la intervención de otros partidos políticos, una característica fundamental es la existencia de una estructura de mediación entre el poder central-nacional y el poder local, sustentada en la figura del cacique. De ahí que a nivel local existan dos extremos contradictorios de ejercicio del poder: por un lado, la estructura de gobierno local propiamente dicha, esto es, el sistema de cargos y la asamblea; y, por otro, la estructura de intermediación y representación política hacia fuera, esto es, el cacique y las redes de compadrazgo. Esta problemática establece mecanismos de control basados en los privilegios dados por el partido oficial y posibilita la concentración del poder económico interno y político externo, del cual dependen los beneficios para la colectividad” Romero Frizzi M., coordinadora (1990), Lecturas históricas del estado de Oaxaca. (cuatro volúmenes), INAH-CNCA, México.

[2] “Oaxaca tiene el nada envidiable privilegio de concentrar en su geografía a 42 por ciento de los municipios más pobres del país. Incluso, se da el lujo de tener tres de los diez municipios "más pobres entre los pobres" de la República, hermanos de dolor y hambre de Metlatónoc, Guerrero, Tehuipango, Veracruz, y Sitala, Chiapas” Fernández Vega Carlos; México S.A; La Jornada, p.

[3] Ochenta por ciento de los ingresos públicos estatales corresponden a aportaciones federales. Sólo 0.5 por ciento son impuestos estatales. Tiene el último lugar en inversión extranjera directa, y el grueso de ella se ha canalizado a las zonas turísticas de playa, Huatulco fundamentalmente. Ìbidem. En el Congreso Constitutivo de la APPO, el documento final consigna: ‘El gobierno impulsa planes globalizadotes, privilegiando las inversiones transnacionales que monopolizan la riqueza con la elaboración de megaproyectos, tales como: en tren transístmico Coatzacoalcos-Salina Cruz, el proyecto eólico eléctrico de la Venta, el corredor turístico Pinotepa Nacional-Huatulco y la privatización de los recursos minerales en la Sierra Sur, entre otros.”

[4] “El 23 por ciento de la población ocupada en Oaxaca no recibe ingreso, contra 8.7 como promedio nacional, lo que ubica a la entidad en segundo lugar, sólo superada por Guerrero (27.3 por ciento); 43 por ciento obtiene hasta dos salarios mínimos, 26 por ciento entre dos y cinco. El 45 por ciento se emplea en el sector servicios y 35 por ciento en el agrícola, pesquero y silvícola. Oficialmente, el índice de desempleo abierto es cercano a 2 por ciento de la PEA. Ocupa el último lugar nacional en producto interno bruto per cápita”. Fernández Vega Carlos; México S.A; La Jornada, p.

[5] Bartra Armando; SUR: Megaplanes y utopías en la América equinoccional. p.

[6] Por eso mismo, una de las demandas económicas centrales de la APPO, lo constituyen el establecimiento de mecanismos de abasto y comercialización donde los consumidores y los productores tengan una relación directa y evitar que sean víctima de los intermediarios

[7] Marco Bellingeri, Del Agrarismo Armado a la Guerra de los Pobres 1940-1974, p. 117; Juan Pablos Editor.

[8] Romero Frizzi M., coordinadora (1990), Lecturas históricas del estado de Oaxaca. (cuatro volúmenes), INAH-CNCA, México.

[9] “La institución municipal es el escenario en el que se desenvuelve la dinámica política y administrativa local de las comunidades indígenas. Aunque el municipio ha representado el espacio de articulación con el orden colonial y posteriormente con el Estado nacional, en Oaxaca ha sido también el producto de la tenaz defensa territorial de los pueblos indígenas y de la reproducción de formas propias de gobierno local. Por ello cuenta con 570 municipios ( 23 por ciento de los existentes en el país), el mayor porcentaje de tenencia de la tierra bajo la forma comunal y la mayor concentración de pueblos indígenas de México”. Íbidem. (8).

[10] Hendrick, p.76

[11] Fernández Vega Carlos; México S.A; La Jornada, p.

[12] íbidem.

[13] íbidem.

[14] Bellingeri Marco; Del agrarismo armado a la guerra de los pobres; Juan Pablos Editor, p.111.

[15] Katz Claudio; Los problemas del autonomismo; en la página electrónica: p. 6

[16] Vega Carlos Mexico S.A La Jornada.

[17] Fernández Vega Carlos, La Jornada, México S.A

[18] Pagina 12.

[19] Romero Frizzi M., coordinadora (1990), Lecturas históricas del estado de Oaxaca. (cuatro volúmenes), INAH-CNCA, México,

[20] Revista Hojarasca.

[21] Aguila Cordero Yudy; El desarrollo local. p.1

[22] Hendrick

[23] Fazio Carlos; La Jornada,

[24] Dra. Bertha Elena Muñoz, la voz del movimiento desde Radio Universidad.

[25] Página 12.